Resumen de las modificaciones a la Ley de Protección al Empleo (Ley Corta)

El 6 de mayo de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión mixta respecto a modificaciones a la Ley 21.227 (denominada “Ley de Protección al Empleo”), que facilita el acceso a prestaciones del Seguro de Cesantía de la ley N 19.728 (AFC) en circunstancias excepcionales. La norma aprobada incorpora efectos relevantes en materia corporativa y modifica la implementación de las alternativas que plantea la Ley de Protección al Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, está pendiente la promulgación y publicación de la norma para que se encuentre vigente.

Para mayor información acerca de la Ley N° 21.227 le sugerimos revisar nuestra publicación.

Las modificaciones realizadas por el Congreso son las siguientes:

Efectos corporativos incorporados por la norma aprobada:

  1. Se estableció una prohibición para las sociedades anónimas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo, y para sociedades anónimas que son parte de algún grupo empresarial en que cualquiera de las entidades del mismo se haya acogido a la Ley de Protección al Empleo, por la que no podrán repartir dividendos a sus accionistas con cargo al ejercicio en que se hayan acogido a dicha ley.
  2. Las empresas que sean controladas por sociedades que mantengan capitales o empresas relacionadas en territorios o jurisdicciones con regímenes fiscales preferenciales (también denominados paraísos fiscales), no podrán acogerse a la Ley de Protección al Empleo.
  3. Se estableció además que los directores de las sociedades anónimas abiertas en que todos o la mayor parte de sus trabajadores hagan uso de los pactos de suspensión de relación laboral, no podrán percibir honorario o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo de director, superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía.

Modificaciones a la implementación de la Ley de Protección al Empleo:

  1. Se estableció la prohibición de suspender la relación laboral a trabajadoras afectas al fuero maternal que establece el artículo 201 del Código del Trabajo.
  2. Se permitirá la implementación de las alternativas de la presente ley a las empresas que sean contratadas por el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión y que dichos servicios sean pagados por estado de avance de las obras.
  3. En los casos de pactos de suspensión, se incorporó una presunción de afectación parcial de la actividad de la empresa, cuando ésta en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado hayan experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior.
  4. Se estableció la posibilidad de que cualquier trabajador individualmente o a través de una organización sindical recurra a la Dirección del Trabajo para que se analicen vicios en la celebración de los pactos o incumplimiento de los requisitos legales. La Dirección del Trabajo podrá requerir información tributaria de la empresa y estará obligada a denunciar judicialmente los incumplimientos constatados.
  5.  Se aumentó al 100% el porcentaje de la remuneración afecta a las cotizaciones previsionales que deben pagarse durante la suspensión de la relación laboral, estableciéndose que las cotizaciones destinadas a salud, al seguro de cesantía y la Ley Sanna, se cotizarán sobre el 100% de la renta bruta del trabajador del último mes, antes de acogerse al seguro de cesantía. En cuanto a las cotizaciones para el fondo de pensiones, comisión la administradora de dicho fondo y el seguro de invalidez y sobrevivencia también se cotizarán por el empleador calculadas sobre el 100% del monto que el trabajador recibe desde la AFC como prestación del seguro cesantía.
  6. Para los empleadores que durante la vigencia de las medidas establecidas no cumplan con la obligación de pagar las cotizaciones previsionales relacionadas con la administración de fondos de pensiones y seguro de invalidez y sobrevivencia, se aumentó el plazo para su pago a 24 meses, facultándose a realizar dicho pago en parcialidades.
  7. Se estableció la posibilidad que las Empresas que deben seguir funcionando aún bajo acto de autoridad, celebren pactos de suspensión solo respecto de trabajadores que presten servicios que no sean esenciales para dicha empresa.
  8. Se ordenó que las pensiones alimenticias que se pagan por el empleador a través de orden judicial serán pagadas por el AFC en la proporción correspondiente, sin que los titulares de del derecho de alimentos, deban realizar algún trámite.
  9. Se estableció que, en caso de despidos posteriores a los pactos de suspensión, y así como el despido que ocurre durante el pacto de reducción de jornada, la base de cálculo para las indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva de aviso previo será la remuneración bruta que el trabajador tenía pactada previo a la implementación de la Ley de Protección al Empleo, sin considerar la prestación que recibió del seguro de cesantía.

“El presente Boletín no constituye asesoría legal y el estudio Guerrero Olivos no será responsable por actos u omisiones de terceros basados en la información contenida en él”.

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