Regularización de la pequeña propiedad raíz

Regularización de la pequeña propiedad raíz

El día 25 de septiembre se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.108 que modifica el Decreto Ley N° 2.675, de 1979, que fija Normas para Regularizar la Posesión de la Pequeña Propiedad Raíz y para la Constitución del Dominio sobre Ella. El objetivo principal de aquella norma ha sido establecer mecanismos para resguardar los derechos de terceros respecto de los procedimientos de regularización que afecten a dichas propiedades.

De esta manera, se señala que el solicitante de la regularización deberá acompañar, tanto para el caso de propiedades ubicadas en el área rural como las urbanas, un certificado de informaciones previas con fines de regularización, emitido por la dirección de obras municipales correspondiente, o por quien en subsidio cumpla esa función, que contenga las condiciones aplicables al predio respectivo. Asimismo, se indica que el requisito de no existir juicio pendiente deberá acreditarse, además, a través del correspondiente certificado expedido por el Conservador de Bienes.

A continuación, se modifica el procedimiento de publicación de la resolución que acepta la solicitud, disponiendo que aquella deberá ser publicada por dos veces en un diario o periódico de los de mayor circulación en la región o comuna, que determine el Servicio, y ordenar, además, fijar carteles durante el proceso de saneamiento en los lugares públicos que él establezca y en el frontis de la propiedad correspondiente.

Por su parte y sin perjuicio de los plazos que terceros tienen para oponerse a las solicitudes de regularización, se establece que aquellos tendrán el derecho a oponerse desde el momento en que se acoja la solicitud a tramitación.

Adicionalmente, se aumenta el plazo en el cual los poseedores de inmuebles inscritos conforme a esta normativa pueden gravarlos y enajenarlos. Para la primera de estas situaciones, el plazo será de 2 años y para el segundo, de 5 años. En ambos casos el plazo se contará desde la fecha de la inscripción del inmueble. Por último, y en relación con lo descrito en el párrafo anterior, se establece que los Conservadores de Bienes Raíces deberán inscribir de oficio estas prohibiciones, las que quedarán canceladas, por el solo ministerio de la ley, una vez transcurridos los referidos plazos. De esta manera, una vez vencidos los mismos, dichos funcionarios deberán alzarlas de oficio, sin necesidad de requerimiento de la parte interesada.

Revise la Ley completa aquí.

“El presente Boletín no constituye asesoría legal y el estudio Guerrero Olivos no será responsable por actos u omisiones de terceros basados en la información contenida en él”.

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