Opinión: Acusete cara’e cuete

Cómo no acordarse de este dicho de la niñez, en que se descalificaba como traicionero y se dejaba de lado a quien acusaba a otro de una mala conducta.

Cómo no acordarse de este dicho de la niñez, en que se descalificaba como traicionero y se dejaba de lado a quien acusaba a otro de una mala conducta. De adulto, sin embargo, podemos imaginar algunas situaciones de la vida en que podría no ser tan negativo o derechamente justificarse, el tener que delatar algo o a alguien con el objetivo de evitar un mal mayor.

Este mismo paradigma también es permitido por la ley en algunas situaciones, premiándose a una persona que cometió un acto ilegal, con la disminución o el perdón de toda sanción, si acusa a los demás participantes de esa ilegalidad.

Esto se conoce como el mecanismo de la delación compensada o de la “cooperación eficaz”, que se fundamenta en el conocido dilema del prisionero, a través de generar incentivos a un delincuente en base a la desconfianza de que su cómplice lo delatará primero.

Sin entrar en el polémico aspecto moral del asunto y entendiendo que en países desarrollados este beneficio está bastante más desarrollado que en Chile, he querido referirme a este tema por dos hechos recientes que son muy interesantes de conocer.

El primero es la recomendación realizada por el ministerio público y discutida en el Congreso, de permitir la herramienta de delatar a otro para la investigación de los delitos de corrupción; siguiendo con lo que, similarmente, ya existe para los delitos de narcotráfico, terrorismo y de conductas colusivas que atentan contra la libre competencia.

El segundo es la dictación de la Resolución Exenta N°2583 de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), de mediados de este año, en la que se aprobó la “Política sobre Colaboración del Presunto Infractor”, que permite rebajar y hasta eximir de toda sanción administrativa -e incluso penal-, a aquel que haya ayudado a delatar delitos que afecten al mercado de valores en Chile (Ley N°18.045); a condición de que se entregue información y antecedentes precisos, veraces y suficientes para condenar a otros involucrados en esos tipos de delitos.

Se concede la posibilidad de acceder a estos beneficios, a cualquier persona -natural o jurídica-, que se le pueda atribuir alguna responsabilidad por haber participado en una conducta sancionada por la ley de valores.

Si bien la política de la CMF parece custodiar la confidencialidad del proceso y que existan aportes evidentes para comprobar el delito y sus responsables, deberemos esperar que se dé un caso real para verificar si este sistema mantiene un adecuado equilibrio entre el interés público de descubrir delincuentes, versus la garantía básica de la presunción de inocencia, que es la base de nuestro sistema legal.

Ahora, lo que no necesitamos comprobar es que, con una proliferación de este mecanismo se está haciendo realidad el pensamiento del libro “La Caída” de Albert Camus, de que siempre, todos los seres humanos, insisten a toda costa en su inocencia, aún si ello significa acusar al resto de la raza humana o al mismo cielo.

Fuente: Diario Pulso
10 de noviembre de 2018

Pedro Pellegrini R.
Director de Empresas, Socio Guerrero Olivos

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