Opinión: La participación ciudadana en Declaraciones de Impacto Ambiental: Un cambio necesario

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19.300 que aprueba las Bases Generales del Medio Ambiente (“Ley 19.300”) y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“Reglamento del SEIA”), los proyectos listados en el artículo 10 de la Ley 19.300 deben someterse a evaluación por medio de una Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) o un Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) , siendo este último instrumento mucho más estricto y exhaustivo que el primero.

Entre las muchas diferencias establecidas para uno y otro instrumento, la que aquí nos convoca es la que se refiere a la participación ciudadana, también conocida como “PAC”.

El inicio de una PAC en un proceso de evaluación ambiental es de gran importancia para el titular del proyecto pues deberá responder a cada una de las observaciones presentadas por los ciudadanos. Además, la ley faculta a quienes participen en este proceso para presentar recursos administrativos y judiciales en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (“RCA”) que obtenga el titular, cuando estimen que sus observaciones no fueron debidamente consideradas.

Mientras en los EIAs la participación es una etapa obligatoria, en las DIAs solo se dará inicio a una PAC cuando ésta sea solicitada de la forma establecida en el Reglamento del SEIA y el proyecto genere “cargas ambientales”.

En ese sentido, se entenderá que un proyecto produce una carga ambiental cuando genera una externalidad negativa, al mismo tiempo que ocasiona beneficios sociales. La idea de este requisito era poder excluir la PAC en la evaluación de aquellos proyectos que no generaran cargas negativas a la ciudadanía .

Luego, en el entendido que la gran mayoría de los proyectos listados en el artículo 10 de la Ley 19.300 tienen la aptitud de generar externalidades negativas, la admisibilidad de las PAC en las DIAs queda determinada por la concurrencia de beneficio social.

Si bien, tal como señaló el fallo de la Corte Suprema respecto del recurso de protección interpuesto en contra del proyecto Mina Invierno , lo que debería primar a la hora de determinar si procede iniciar una PAC es la ocurrencia de externalidades negativas, debiendo interpretarse el concepto de beneficio social de forma amplia (por ejemplo, cualquier acción de provecho para la comunidad), en la práctica no siempre es así.

Esto tiene como consecuencia que el SEA rechace el inicio de una PAC cuando el proyecto únicamente genera externalidades negativas, mientras que dará lugar a ella cuando el proyecto produce al mismo tiempo externalidades negativas y beneficios sociales.

Esto ha llevado al sinsentido que, al momento de solicitar una PAC en un proyecto iniciado por DIA, los ciudadanos apelen a los aspectos positivos de los proyectos, resaltando las bondades de los mismos, mientras que los titulares niegan cualquier beneficio social.

A modo de ejemplo, nos ha tocado estudiar casos en donde las solicitudes de los vecinos se basan en los beneficios generados por los proyectos inmobiliarios al contar con áreas verdes o estacionamientos de bicicletas, mientras que los titulares se defienden declarando que sus proyectos son privados y únicamente buscan obtener ganancias particulares .

Como se puede observar, además de lo irónica de la situación, lo que se ha generado es un verdadero desincentivo al ingreso de proyectos que aporten de alguna forma a la comunidad en donde se ubican, privilegiando a los “malos” proyectos, pues estos últimos no deben soportar los costos de una PAC y su RCA no estará sujeta a recursos de terceros (al menos por esa causal).

Esta forma de entender los procesos de participación nos parece equivocada y pierde de vista los objetivos buscados mediante la introducción de este instrumento.

Hoy existe en tramitación un proyecto de reforma que reconoce este problema y propone dar cabida a las PAC en ambos instrumentos (EIA y DIA), acabando con el absurdo antes descrito. Sin embargo, mientras por un lado acaba con la limitación de las “cargas ambientales”, por otro lado, eleva los requisitos para solicitar el inicio de PAC (a 20 personas naturales o 4 asociaciones) y acota los plazos del procedimiento, manteniendo así la desconfianza en la participación ciudadana.

Como sea, queda claro que todavía hay mucho por hacer.

1. Lo que determina la necesidad de un proyecto de presentar una DIA o un EIA es la generación de alguno de los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300. Así cuando el proyecto identifica entre sus impactos alguno de los efectos del artículo 11, deberá ingresar a evaluación por medio de un EIA.
2. Artículo 94 inciso 6° del Reglamento del SEIA.
3. Historia de la Ley. Discusión en Sala. Tercer Trámite Constitucional Cámara de Diputados. Discusión en Sala. Ministra del Medio Ambiente. Pp. 1969.
4. Corte Suprema. Tercera Sala. Fallo Rol N° 55.203-2016. 16 de marzo de 2017.
5. Evaluación ambiental Edificios Perú Plaza I-II.

Fuente: El Mercurio Legal
7 de enero de 2019

Antonia Ibarra
Asociada, Guerrero Olivos

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.