El manejo de datos en tiempos del covid: a propósito del otorgamiento de la licencia por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Recientemente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación dictó la Resolución Exenta N° 93, de 3 de junio de 2020, publicada en el Diario Oficial el 11 de junio pasado. A través de esta Resolución se explicita que es el Ministerio el órgano que ha dirigido la denominada “Submesa de Datos Covid-19”, formada al alero de la Mesa Social, haciendo disponibles datos para efectuar análisis predictivos, científicos y clínicos de la pandemia con la finalidad de contribuir en la toma de decisiones. Lo anterior ha tenido como resultado la creación de una serie de productos que se basan en dichos datos, asignándoles un orden y sistematización. La resolución precisa que estos datos se han publicado en la plataforma Github.

Considerando lo anterior es que el Ministerio, con el objeto de promover su utilización, ha liberado estos datos a través de la Resolución, con la finalidad de evitar posibles restricciones de derechos de autor que pudiere desincentivar su uso. En consecuencia, procedió a otorgar —o, según veremos, ofrecer— una licencia de libre acceso como del tipo Creative Commons Atributtion.

¿En qué se traduce lo anterior?

Al respecto, la Resolución establece que se concede esta licencia de carácter global, gratuita, perpetua (durante la vigencia de los derechos licenciados), no transferible a terceros y no exclusiva sobre el material licenciado, de modo que este se pueda tratar, publicar, distribuir, compartir, difundir, adaptar, extraer o reutilizar, ya sea en su totalidad o en parte, utilizándolo de cualquier forma que importe variación, por cualquier medio o formato, y para cualquier fin permitido por las leyes, incluyéndose tanto fines comerciales como no comerciales1.

Adicionalmente, la Resolución dispone que los derechos morales de la Ley N° 17.336 no se comprenden en esta autorización, como tampoco los derechos de publicidad, privacidad ni otros derechos personales similares, patentes ni marcas comerciales2.

Creemos que la iniciativa del Ministerio no puede sino ser bien recibida por la comunidad científica y la sociedad, ya que constituye un ejercicio de transparencia y de incentivo a la innovación e investigación, dirigida desde luego al tema que más nos urge como sociedad en el presente. Sin perjuicio de lo anterior, resulta interesante la estructura jurídica que se ha dado a esta licencia abierta. En efecto, el Ministerio, por la vía de una Resolución Exenta, que es un acto administrativo de efectos generales, autoriza el uso de un sinnúmero de obras protegidas por derechos de autor para obrar en cumplimiento de la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual.

Cabe preguntarse, ¿qué es lo que está protegido? Como se puede apreciar, los datos pueden tener una fuente diferente al Ministerio, pero la recolección, sistematización y organización de esos datos en una base de datos es un trabajo del intelecto que merece protección legal por la vía del otorgamiento a sus creadores de los derechos de autor sobre su obra. En consecuencia, el trabajo realizado por el Ministerio mediante sus funcionarios lo hace titular de los derechos de propiedad sobre las bases de datos que cree al efecto. Así, el uso por parte de cualquier persona que no tenga la autorización del Ministerio infringiría, en principio, la Ley de Propiedad Intelectual, motivo por el cual se trataría de información no disponible para la comunidad científica sin la dictación de la presente Resolución.

Ahora, en cuanto a la forma, ¿es una Resolución Exenta el vehículo indicado para otorgar una licencia? La respuesta inicial es no. De hecho, la Ley de Propiedad Intelectual señala en su artículo 18 que “solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán derecho de utilizar la obra”, posteriormente, el artículo 20 entiende por autorización “el permiso otorgado por el titular por cualquier forma contractual”. Como es evidente, la autorización vía una Resolución no parece reunir los requisitos legales para ser considerados una autorización propiamente tal conforme a la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, la propia Resolución se hace cargo de esto, estableciendo que dicho acto administrativo constituye una oferta y que cualquier uso de las obras protegidas por terceros constituye aceptación de las condiciones establecidas en la Resolución. De este modo, estaríamos frente a un contrato consensual de licencia, en los términos contenidos en la oferta (Resolución) y aceptados por el usurario por el solo uso de las obras. De este modo, la Resolución no es solo una autorización, sino más bien una oferta abierta de uno o más contratos de licencia, al que el tercero consiente al momento de ejercer los derechos por ella conferidos, todo de conformidad a los artículos terceros y cuarto de la misma.

Ahora, en lo que se refiere a los datos propiamente tales, surgen las dudas acerca de la privacidad de la información. La Contraloría General de la República ya declaró, mediante Dictamen N° 8.113 de 20 de abril de 2020, que el Ministerio de Salud no podía revelar la identidad u otros datos sensibles de pacientes diagnosticados con covid-19 a los alcaldes con el propósito de brindarles ayuda durante su cuarentena y hacer un control más eficiente de la propagación de la pandemia, pues consideró que dicha revelación no estaba permitida por la Ley N° 19.628, sobre datos personales, ni por la Ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes, salvo consentimiento expreso de los titulares de dichos datos.

En este sentido, cabe señalar que la autorización dada por esta Resolución no hace referencia —y de hecho excluye— los derechos sobre aquellos datos que puedan estar sujetos a protección por otros cuerpos legales, como los datos personales de las personas. Así, es preciso mencionar que las bases de datos licenciadas deberán contener información estadística (o metadata, según la palabra de moda), es decir, datos que no identifiquen o permitan identificar a las personas. De lo contrario, estaremos frente a datos personales (y dada la materia, datos personales sensibles) que para poder ser divulgados requieren necesariamente de consentimiento expreso de cada paciente.

Con estas aprensiones, nuestra recomendación es la de utilizar los datos que el Ministerio ha puesto a disposición de la sociedad en los términos permitidos para poder aportar a entender mejor, proyectar el comportamiento y contribuir en mejorar el acceso a datos relacionados con el covid-19 en Chile.

Fuente: El Mercurio Legal
10 de julio de 2020

Diego Morandé M.
Asociado de Guerrero Olivos

Roberto Burgos P.
Asociado de Guerrero Olivos

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