Desafíos de la litigación civil en época de pandemia

No es una novedad que la pandemia del covid-19 ha afectado y afectará por un tiempo indeterminado el desarrollo y funcionamiento de la gran mayoría de las industrias y actividades de cada país.

En este sentido, es evidente que el ejercicio del derecho y, en particular, la asesoría legal en juicios, no podrán abstraerse de los efectos de la pandemia. Esto obligará a todos los intervinientes de un juicio (partes, abogados litigantes, jueces y funcionarios, auxiliares de la administración de justicia, entre otros) a extremar esfuerzos y recursos para que, en la práctica, los derechos de las partes no se vean afectados con ocasión de los actos de autoridad asociados a la pandemia o por las limitaciones propias de este tipo de emergencias sanitarias.

En lo que a los juicios civiles se refiere, el desafío puede ser aún mucho mayor si se piensa que el código que regula el proceso civil —aunque modificado— fue promulgado y publicado el año 1902, razón suficiente para estimar que sus más de 100 años de vigencia pueden constituir una traba para la tramitación digital y el trabajo remoto. La realización de audiencias obligatorias para la validez del proceso, la intervención personal de los jueces en ciertos trámites, la materialización de notificaciones personales o por cédula, los alegatos ante las cortes, entre otras muchas gestiones ordinarias de cada juicio, pueden convertirse en esta época en obstáculos de muy difícil superación para el normal avance de los litigios.

De cierta forma, los arbitrajes comerciales que se tramitan al alero de centros de arbitraje están provistos de mayores herramientas y recursos para superar con flexibilidad esta situación, pues han incorporado desde hace años la tecnología a la tramitación de las causas y los intervinientes suelen estar familiarizados con las herramientas que permiten el trabajo a distancia y la realización de audiencias a través de medios digitales. No corren la misma suerte algunos arbitrajes que se tramitan ante jueces externos a centros de arbitraje, pues generalmente estos no cuentan con soporte técnico que facilite la tramitación digital o la realización de audiencias por medios en las cuales se garanticen los derechos de las partes.

En este contexto, son varios los desafíos que se presentan para superar la emergencia, pero en materia de litigios civiles los principales retos serán (i) lograr que los procesos avancen y que no se paralicen exageradamente y (ii) asegurar que los derechos de las partes intervinientes no sean afectados ni por la excesiva paralización de los juicios ni por una tramitación superficial que no observe las garantías procesales de las partes, lo que podría conllevar a su indefensión.

Lo anterior es primordial, pues, como ha resuelto reiteradamente nuestra Corte Suprema, el principio del debido proceso, consagrado en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política, requiere —para que el procedimiento sea racional y justo— un juicio expedito y la resolución oportuna de la controversia. De esta manera, si la resolución no es oportuna, no será justa, pero tampoco lo será, naturalmente, si se alcanza una sentencia de término vulnerando el derecho a defensa, la igualdad procesal de las partes, el derecho a prueba o a la contradicción, por ejemplo.

Los desafíos que se han referido deben enfrentarse, a nuestro juicio, desde tres perspectivas distintas para poder superarlos: (i) la vía legislativa, (ii) la flexibilidad y adaptación de los intervinientes y (iii) la exigencia de un alto estándar de buena fe procesal a los abogados litigantes.

En primer término, el legislador está llamado a atender y resolver esta especial situación, pues sin modificaciones legales efectivas no será posible —o bien, será sumamente difícil— superar los obstáculos que la pandemia nos presenta. Asimismo, es posible modificar los procedimientos a través de auto acordados de la Corte Suprema, la cual, en el ejercicio de sus facultades administrativas, promueva soluciones a los problemas que afectan a los procesos civiles, como lo ha hecho anteriormente. Si bien con ocasión de la pandemia se ha dictado una ley y auto acordados que intentan resolver estos problemas, estimamos que —sin dejar de reconocerles el enorme mérito que su contenido y dictación expedita merecen— contienen soluciones acotadas y eminentemente temporales (por ejemplo, la suspensión de los términos probatorios en curso), pero no alcanzan a superar todas las dificultades que se pueden extender por varios meses o incluso años.

Por la vía legislativa, son varios los trámites o gestiones procesales que podrían ser modificados con el objeto de, por una parte, proteger la salud de los intervinientes y, por otra, asegurar el avance del proceso. A modo de ejemplo, se debiese permitir que las partes de un juicio, una vez concluido el período de discusión, hagan presente de común acuerdo al tribunal —por escrito— que no se ha alcanzado una conciliación entre ellas y puedan así cambiar de estadio procesal y entrar al período de prueba sin necesidad de efectuar una audiencia presencial, que requiere notificación por cédula previa. Por lo demás, no es una novedad constatar el muy bajo porcentaje de conciliaciones exitosas que se alcanzan a instancias del tribunal en esa etapa del juicio, razón por la cual no se perdería una instancia que haya sido muy efectiva en el pasado.

Asimismo, existen juicios civiles especiales, de común utilización, que contemplan una audiencia presencial de contestación de demanda, conciliación y, en algunos casos, incluso prueba. En época de pandemia se podría pensar en modificar estos procedimientos —temporalmente— de modo tal que su tramitación sea efectiva. Por ejemplo, se podría eliminar la audiencia de contestación y conciliación en los casos que procede, permitiendo que el demandado conteste por escrito —como en la práctica ocurre en la mayoría de estos casos—, sin que se requiera la asistencia de las partes al tribunal, tal como ocurre en el juicio ordinario.

En este mismo orden ideas, es posible pensar en varios otros trámites procesales que podrían modificar su materialización, permitiendo que las partes ejerzan sus derechos a través de medios digitales, como la audiencia de designación de peritos o la audiencia de exhibición de documentos, entre otros. Y, por qué no, quizás sea el momento oportuno para terminar con los largos y tediosos paseos de los abogados a alegar a las cortes y, de una buena vez, implementar un sistema eficiente de programación de alegatos, sin que sea necesario llenar los tribunales de abogados que deben ir varias semanas consecutivas solo para asegurarse que su causa no se verá ese día.

Sin lugar a dudas siempre existirán trámites que, por su especial naturaleza e importancia, exigirán la comparecencia personal de las partes o la presencia del juez, al menos conforme a nuestro actual procedimiento, como lo es el examen de testigos o la prueba confesional. Al menos por ahora, avizorar soluciones remotas para este tipo de circunstancias aparece como algo más desafiante.

En segundo término, como se ha dicho, la época de pandemia exigirá una gran flexibilidad de todos los intervinientes en el proceso. Se requerirá que jueces, funcionarios de tribunales, auxiliares, y abogados litigantes se adapten rápidamente a los cambios impuestos, de un modo esencialmente colaborativo, de manera que todos puedan cumplir con su función última, esto es, la correcta y oportuna administración de justicia.

Finalmente, para superar los desafíos que se presentan en nuestros días en los litigios civiles será indispensable exigir un alto estándar de cumplimiento del deber de obrar de buena fe que recae sobre todos los abogados litigantes. Ciertamente, en los próximos meses —no sabemos cuántos— existirán muchas posibilidades de obstaculizar o torpedear el normal avance de un juicio, pero es de esperar que los abogados intervinientes recuerden su juramento profesional y se comprometan, una vez más, a colaborar lealmente con la administración de justicia. Probablemente existirán tentaciones de ganar incidentes o incluso juicios “por secretaría”, pero deberá exigirse litigar siempre e inalterablemente de buena fe —como debería ser siempre, por lo demás—, en conciencia y con extrema lealtad, tanto con la contraparte como con el tribunal, el que, sabemos, no conoce desde un comienzo los hechos que informan cada disputa.

Fuente: Diario Elmercuriolegal.cl
12 de Junio de 2020

Benjamín Ferrada W.
Socio Guerrero Olivos

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.