Covid y dietas de directores de sociedades anónimas especiales

La nueva Ley N° 21.227 de Protección al Empleo dictada producto del COVID-19 (“Ley de Protección al Empleo”), incluye un norma poco conocida, que dispone que los directores de sociedades anónimas abiertas cuyos trabajadores se acojan al beneficio de suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad, deberán reducir su dieta en una proporción equivalente a la disminución que afecte a sus trabajadores.

A la luz de la historia de la discusión de esa ley, la norma mencionada habría sido dirigida a las sociedades anónimas abiertas propiamente tales, esto es, aquellas que hacen oferta pública de sus acciones.  Sin embargo, por aplicación de legislación previamente existente, esta restricción podría también extenderse a los directores de sociedades anónimas especiales, a pesar de que no transen públicamente sus acciones.

En Chile existen tres tipos de sociedades anónimas: las abiertas, las especiales y las cerradas.

Las sociedades anónimas abiertas son aquellas que inscriben, voluntariamente o por obligación legal, sus acciones en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”).  Las sociedades de este tipo más conocidas son aquellas cuyas acciones de transan públicamente en la Bolsa de Comercio de Santiago e integran el índice IPSA.

Las sociedades anónimas especiales son aquellas regidas por una ley específica y respecto de las cuales el legislador ha considerado que el interés social se encuentra más comprometido que en otras sociedades; y, por lo tanto, tienen requisitos y exigencias particulares para su constitución y existencia, y requieren que sean aprobadas por un acto de autoridad (resolución aprobatoria emitida por la CMF).  Dentro de esta especie, se encuentran las compañías de seguros, las administradoras de fondos mutuos, las bolsas de valores, las AFP, los bancos, las securitizadoras, las sociedades depositarias de valores y las administradoras general de fondos o AGFs.  Nada obsta a que una sociedad anónima especial sea, a la vez una sociedad anónima abierta, si, por ejemplo, hace oferta pública de sus acciones y voluntariamente deciden regirse íntegramente por las normas que rigen ese tipo de compañías.

Por su parte, las sociedades anónimas cerradas son todas aquellas sociedades anónimas que no sean abiertas ni especiales, por lo que no emiten valores de oferta pública y no están sujetas a la vigilancia de la CMF (salvo que una norma legal expresa así lo disponga, como es el caso de las concesionarias de obras públicas).

Una de las importancias de la clasificación anterior, dice relación con la determinación de las reglas que son aplicable a cada caso.  Así, por ejemplo, las sociedades anónimas abiertas se rigen por la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas (“LSA”) y su reglamento; la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores; la Ley Orgánica de la CMF (D.L. N° 3.538) y las demás leyes que hagan referencia expresa a las sociedades anónimas abiertas.

La normativa aplicable a las sociedades anónimas especiales requiere de un análisis un poco más profundo, y puede presentar complejidades.  El Art. 129 de la LSA, dispone que este tipo de sociedades (lo subrayado es nuestro) “se regirán por las mismas disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las sociedades anónimas abiertas, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en los artículos precedentes de este Título y a las disposiciones especiales que las rigen […]”.

De esta forma, la legislación aplicable a las sociedades anónimas especiales estaría compuesta por: (a) las disposiciones contenidas en los artículos 126 a 128 de la LSA; (b) las leyes particulares que rigen a cada tipo de sociedad anónima especial (por ejemplo, el D.F.L. N° 251 para las compañías de seguros); y, (c) las normas para las sociedades anónimas abiertas; pero solo en aquello que no se oponga a las normas indicadas en los numerales (a) y (b) precedentes.

Entonces, cabe hacerse la pregunta si, en virtud del artículo 129 de la LSA, las sociedades anónimas especiales se rigen también por toda otra legislación que sea aplicable a las sociedades anónimas abiertas, tal como la Ley de Protección al Empleo y su limitación a las dietas de los directores; o, si por el contrario, en algunos casos es legítimo no aplicar a las sociedades anónimas especiales ciertas leyes que solo iban dirigidas a las sociedades anónimas abiertas.

Lamentablemente la historia de la Ley de Protección al Empleo poco ayuda acerca de la extensión que el legislador quiso darle a la limitación en el pago de las dieta de los directores.  De la escasa discusión legislativa, puede desprenderse que la intención fue limitar los honorarios de los directores de las sociedades que participan del mercado de valores (sociedades anónimas abiertas, propiamente tales).  Sin embargo, la omisión del legislador de exceptuar en este caso la aplicación del mencionado artículo 129 de la LSA, hace que esta restricción de dietas sea también extensiva, automáticamente, a todas las sociedades anónimas especiales (incluso aquellas que no tengan la calidad de abiertas).

En consecuencia, de la sola aplicación del Art. 129 de la LSA, podría concluirse que la limitación de dietas impuestas por la Ley de Protección al Empleo se aplica sin distinción para las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales ya que el legislador no distinguió ni hizo segregación de ningún tipo, salvo que dicha limitación se oponga a la legislación particular de la sociedad anónima especial de la cual se trate.

Fuente: Elmercuriolegal.cl
04 de Agosto de 2020

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Benjamín Novoa M.
Asociado, Socio Guerrero Olivos

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