ALERTA LEGAL: Novedades jurisprudenciales en materia de Derecho Público

En relación a las novedades jurisprudenciales en materia de Derecho Público en el mes de junio podemos destacar las siguientes:

  • Permiso de edificación que se funda en un anteproyecto aprobado, es un acto administrativo confirmatorio. 

Sentencia Corte Suprema Rol Nº6752-2019 de fecha 15 de junio de 2020.

La Corte Suprema, conociendo el recurso de casación en el fondo, consideró que cuando se requiere que se declare la ilegalidad de un permiso de edificación, se revela que la pretensión última se vincula más bien con el cuestionamiento de la legalidad de un acto administrativo distinto, esto es, la aprobación del anteproyecto de edificación, que goza de presunción de legalidad, y que en este caso se encuentra vigente y no fue formalmente cuestionado por la recurrente. Es por esto, que un permiso de edificación que se funda en un anteproyecto aprobado, sería un acto administrativo confirmatorio.

Por este y otros motivos, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por la recurrente.

Sentencia

  • Es arbitraria la actuación de autoridad administrativa que, durante un procedimiento administrativo, adopta diversas posiciones sin la debida coherencia con los actos previos.

Sentencia Corte Suprema Rol Nº 19.548-2020 de fecha 11 de junio de 2020.

La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto, ya que considera que los procesos administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad exigible en general al actuar de la Administración, cualidad que estima incompatible con el errático comportamiento de la Comisión Médica Central, ya que en un inicio, la Comisión Medica Regional de Coquimbo consideró que la incapacidad global de la recurrente alcanzaba un 81%, porcentaje que luego del reclamo hecho por compañías aseguradoras en los términos del artículo 11 el Decreto Ley N°3.500, varió a un 25% a criterio de la Comisión Medica Central.

De esta manera, advierte la Corte, que el comportamiento de la Comisión Médica Central deviene en arbitrario, por carecer de la debida coherencia entre los actos previos y posteriores que lo conforman. Criterio que debe aplicarse a la autoridad administrativa en términos generales.

Sentencia

  • El Proceso de Consulta indígena (PCI) está vinculado a la afectación de comunidades o personas de etnia indígena y sus territorios, que se encuentren ubicadas en el área de influencia de un determinado proyecto en conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N°19.300, sin que en la especie se deba atender únicamente al factor humano, esto es, la pertenencia a una etnia específica.

Sentencia Corte Suprema Rol Nº 28195-2018 de fecha 16 de junio de 2020.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Comunidad Indígena Atacameña de San Francisco de Chiu-Chiu, por considerar que la obligatoriedad del PCI, está vinculada a la afectación de comunidades o personas de etnia indígena y sus territorios, que se encuentren ubicadas en el área de influencia de un determinado proyecto en conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N°19.300, sin que en la especie se deba atender únicamente al factor humano, esto es, la pertenencia a una etnia específica, menos aún al análisis genérico de la área de influencia, lo que determina la obligatoriedad del PCI. Es por tal razón que concluye, que los sentenciadores en primera instancia, realizaron una correcta interpretación de la ley al establecer que el PCI se cumplió, al realizarse la consulta a las comunidades de Chiu-Chiu y Lasana, que fueron aquellas que específicamente se encontraban en la hipótesis de susceptibilidad de afectación.

La Corte Suprema establece que un PCI cumple con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº19.300, al realizar este proceso sólo a personas pertenecientes a una determinada etnia indígena y que se encuentren ubicadas en el área de influencia de un proyecto, sin que se incurra en una discriminación arbitraria al dejar fuera de este proceso personas pertenecientes a la etnia que no se encuentren ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Sentencia

  • Tribunal Constitucional declara inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), que faculta al Juez de Policía Local a aplicar multa en relación a un porcentaje del presupuesto de la obra. La norma no establece criterios para calibrar la sanción, infringiendo el principio de proporcionalidad.

Sentencia Tribunal Constitucional Rol Nº 8278 de fecha 16 de junio de 2020.

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad, por lo que declaró inaplicable la primera parte del inciso primero del artículo 20 de la LGUC en esta causa. Considera que la amplitud contenida en este artículo, sumado a la inexistencia de factores o variables que permitan calibrar la sanción aplicable a cada caso, más allá del presupuesto de la obra, no satisface las garantías mínimas que permiten al Juez de Policía Local sancionar adecuadamente la conducta infraccional, desde que su texto no establece un marco de justicia y racionalidad que permita al juez abandonar la mera intuición y ajustar la sanción a la infracción. Esto, a criterio del Tribunal Constitucional, infringe el principio constitucional de proporcionalidad de las sanciones que a todas las personas “asegura” la Constitución.

Sentencia


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