30 días: pastelero… ¿dónde estás?

Recuerdo un examen de derecho comercial con el gran jurista don Julio Chana, que se enfrascó en una diferencia con otro profesor y que, rápidamente, le puso fin a la discusión diciendo que él “había hecho la ley”. No era para menos, se trataba de la ley de valores de 1981.

Viendo las últimas leyes del Congreso y, particularmente, la ley de pago a 30 días, me pregunto en dónde quedaron los buenos juristas para apoyar a nuestros legisladores. En la ley de 30 días no se habla de algo complejo. No se trata de una gran reforma. Es un tema sencillo, pero sí de alta relevancia para los distintos negocios en Chile.

El proyecto ingresó en el 2016 para que las pymes no tuviesen una “extracción de su capital de trabajo”, por empresas más grandes que atrasan el pago de facturas. Después de 3 años, como de costumbre, el caballo salió como camello, y la nueva ley deja varias dudas y vacíos que son lamentables.

Resumiendo, desde el mes de mayo, esta ley acorta progresivamente los plazos de pago de facturas para que -en algunos años- llegue a los 30 días. Sin embargo, no es sólo para las pymes, sino que es de aplicación general, sin distinguir por tamaño o tipo de empresa, ni tampoco por sector. En simple, se aplica a todas las empresas que son emisoras y receptoras de facturas, señalando que, si no se paga en el plazo correspondiente, se comenzará a devengar un interés corriente y un cobro de una comisión fija del 1% por la recuperación de pagos.

Por brevedad, sólo me referiré a un par de las muchas dudas por resolver: ¿cuáles son los efectos tributarios de estos cobros? y ¿qué ocurre si, por presión de un cliente, una empresa no cobra el interés y/o la comisión?

En este sentido, al menos, el SII determinó que estos montos no se gravan con IVA porque se trata de un “interés legal” y porque la “comisión” no es por una venta de bienes y servicios. Sin embargo, al no existir referencias a la ley de la renta, no queda claro que sucedería tributariamente si un proveedor decide no cobrar el interés y/o la comisión al deudor de una factura. Así, para el acreedor de la factura, la renuncia al cobro puede significar una donación e incluso un gasto rechazado; y, para el deudor, la condonación puede significar un incremento patrimonial; todo afecto a impuestos.

Con esta ley ni siquiera da para decir “pasteleros a tus pasteles”, porque hace rato que en el Congreso echaron al pastelero.

Fuente: Diario Pulso
6 de junio de 2019

Pedro Pellegrini R.
Director de Empresas, Socio Guerrero Olivos

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